Organizaciones amazónicas y andinas presentan Plataforma de Lucha de la gran marcha del 22 de febrero
AIDESEP, 17 de febrero de 2010. Los pueblos indígenas de la Amazonía norte y las rondas de Piura y Cajamarca presentaron la Plataforma de Lucha de la marcha del 22 de febrero y que tiene como puntos centrales el rechazo al informe de la Comisión Pinilla – Mazzetti sobre los lamentables hechos de Bagua, el cese de persecución a los líderes indígenas y el retorno inmediato del Apu Alberto Pizango.
Las organizaciones sociales, sindicales, frentes de defensa, Organización Regional de los Pueblos Indígenas Amazónicos del Norte del Perú (ORPIAN-P), comunidades campesinas, Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), federaciones regionales de rondas campesinas de San Martí, Amazonas, Cajamarca, Piura, La Libertad y Lambayeque, así como los productores agrarios, reunidos a través de la Coordinadora Macro Regional, el día 29 de enero, por unanimidad se acordó realizar una jornada de lucha pacífica para el día 22 de febrero en toda la macro región norte y oriente del Perú.
En tal sentido, hacemos un llamado a todos los sectores sociales de la población a acatar esta movilización pacífica en todo el norte y oriente del Perú, de acuerdo a la siguiente PLATAFORMA DE LUCHA:
1.- Rechazo total al informe que hace el gobierno central sobre los hechos ocurridos el 5 de junio del 2009 en la Curva del Diablo, acusando a los pueblos indígenas, campesinos y la iglesia.
2.- Denunciamos la actitud cómplice de la Fiscal de la Nación, Dra. Gladis Echaíz Ramos, en contubernio con el gobierno, para librar de toda responsabilidad a los verdaderos responsables de los hechos del 5 de junio.
3.- Cese a la persecución de nuestros líderes y actitudes racistas en contra de nuestros hermanos indígenas de la amazonía peruana; indemnización a los deudos de las víctimas del 5 de junio; atención oportuna y médica adecuada a los heridos que siguen agonizando en su lecho de dolor; cese de la intromisión de las empresas mineras que continúan ingresando en nuestros territorios sin consulta previa, conforme a ley.
4.- Exigimos el retorno inmediato de nuestro Presidente de AIDESEP, Alberto Pizango Chota, asilado en Nicaragua, acusado injustamente de propiciar los hechos ocurridos el pasado 5 de junio, solicitando se varíe su condición jurídica y esté libre de toda presión, para poder afrontar todas las acusaciones malintencionadas por parte del gobierno de Alan García Pérez.
5.- Condenamos la discriminación y desprecio con que se nos trata desde las más altas esferas del gobierno, pues siguen creyendo que somos ciudadanos de tercera categoría, en vista que han querido engañarnos al conformar una comisión para investigar lo que no necesita de tanto esfuerzo, puesto que los hechos del 5 de junio estuvieron y están a la vista de todo el mundo.
6.- Libertad inmediata de nuestros hermanos Feliciano Kahuasa Rolin, Dany López Shawit y Asterio Pujupat Wachapea, que han sido acusados injustamente por hechos que no han cometido.
7.- Alto a las concesiones mineras y petroleras en la Cordillera El Cóndor, la amazonía y en zonas alto andinas en el norte y oriente del Perú, las mismas que ya se han dado en un 70%.
8.- Respeto a las leyes de las comunidades indígenas, comunidades campesinas y rondas campesinas; respeto a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.
9.- Retiro inmediato de la minera Buena Ventura, Proyecto La Zanja, de la provincia de Santa Cruz, Cajamarca; minera Majas, hoy la Zijin, en Carmen de la Frontera, provincias de Huancabamba y Ayabaca, Región Piura; la empresa Murelet, Prom Perú S.A., concesión lote Nº 116 en la zona de Dominguza y provincia de Nieva, Amazonas.
10.- Respeto a la libertad de prensa de todos los medios de comunicación e inmediata libertad para el periodista Alejandro Carrascal Carrasco, encarcelado por decir la verdad sobre los hechos del 5 de junio del 2009.
11.- Inmediata reapertura de Radio La Voz de Bagua Grande, injustamente clausurada por el actual gobierno aprista.
12.- Destitución de Ronald Ibarra, Secretario de Coordinación de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, por acusar de azuzadores a los dirigentes indígenas de la amazonía peruana.
13.- Derogatoria de los Decretos Legislativos que son lesivos y afectan a los pueblos amazónicos, andinos y costeros.
14.- Respeto a la jurisdicción especial de las rondas campesinas, que está siendo obstaculizada por el gobierno y el poder judicial (alto a la persecución judicial).
15.- Rechazamos las versiones dadas por el Presidente del Consejo de Ministros, Velásquez Quesquén, quien pretende instalar una base militar en Carmen de la Frontera, lo que consideramos una provocación más a la población e imponer la explotación minera en la mencionada zona.
16.- Rechazamos la actitud de las “comisiones de investigación de los hechos de Bagua” que envía el gobierno, ya que todos los ofrecimientos se han politizado y no se está cumpliendo con los verdaderos objetivos para los cuales se crearon dichas comisiones especiales.
17.- Basta de proteger a jueces y fiscales corruptos, a funcionarios del gobierno que se coluden con los grandes poderes económicos y mafias corruptas y delincuenciales.
Las organizaciones sociales, sindicales, frentes de defensa, Organización Regional de los Pueblos Indígenas Amazónicos del Norte del Perú (ORPIAN-P), comunidades campesinas, Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), federaciones regionales de rondas campesinas de San Martí, Amazonas, Cajamarca, Piura, La Libertad y Lambayeque, así como los productores agrarios, reunidos a través de la Coordinadora Macro Regional, el día 29 de enero, por unanimidad se acordó realizar una jornada de lucha pacífica para el día 22 de febrero en toda la macro región norte y oriente del Perú.
En tal sentido, hacemos un llamado a todos los sectores sociales de la población a acatar esta movilización pacífica en todo el norte y oriente del Perú, de acuerdo a la siguiente PLATAFORMA DE LUCHA:
1.- Rechazo total al informe que hace el gobierno central sobre los hechos ocurridos el 5 de junio del 2009 en la Curva del Diablo, acusando a los pueblos indígenas, campesinos y la iglesia.
2.- Denunciamos la actitud cómplice de la Fiscal de la Nación, Dra. Gladis Echaíz Ramos, en contubernio con el gobierno, para librar de toda responsabilidad a los verdaderos responsables de los hechos del 5 de junio.
3.- Cese a la persecución de nuestros líderes y actitudes racistas en contra de nuestros hermanos indígenas de la amazonía peruana; indemnización a los deudos de las víctimas del 5 de junio; atención oportuna y médica adecuada a los heridos que siguen agonizando en su lecho de dolor; cese de la intromisión de las empresas mineras que continúan ingresando en nuestros territorios sin consulta previa, conforme a ley.
4.- Exigimos el retorno inmediato de nuestro Presidente de AIDESEP, Alberto Pizango Chota, asilado en Nicaragua, acusado injustamente de propiciar los hechos ocurridos el pasado 5 de junio, solicitando se varíe su condición jurídica y esté libre de toda presión, para poder afrontar todas las acusaciones malintencionadas por parte del gobierno de Alan García Pérez.
5.- Condenamos la discriminación y desprecio con que se nos trata desde las más altas esferas del gobierno, pues siguen creyendo que somos ciudadanos de tercera categoría, en vista que han querido engañarnos al conformar una comisión para investigar lo que no necesita de tanto esfuerzo, puesto que los hechos del 5 de junio estuvieron y están a la vista de todo el mundo.
6.- Libertad inmediata de nuestros hermanos Feliciano Kahuasa Rolin, Dany López Shawit y Asterio Pujupat Wachapea, que han sido acusados injustamente por hechos que no han cometido.
7.- Alto a las concesiones mineras y petroleras en la Cordillera El Cóndor, la amazonía y en zonas alto andinas en el norte y oriente del Perú, las mismas que ya se han dado en un 70%.
8.- Respeto a las leyes de las comunidades indígenas, comunidades campesinas y rondas campesinas; respeto a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.
9.- Retiro inmediato de la minera Buena Ventura, Proyecto La Zanja, de la provincia de Santa Cruz, Cajamarca; minera Majas, hoy la Zijin, en Carmen de la Frontera, provincias de Huancabamba y Ayabaca, Región Piura; la empresa Murelet, Prom Perú S.A., concesión lote Nº 116 en la zona de Dominguza y provincia de Nieva, Amazonas.
10.- Respeto a la libertad de prensa de todos los medios de comunicación e inmediata libertad para el periodista Alejandro Carrascal Carrasco, encarcelado por decir la verdad sobre los hechos del 5 de junio del 2009.
11.- Inmediata reapertura de Radio La Voz de Bagua Grande, injustamente clausurada por el actual gobierno aprista.
12.- Destitución de Ronald Ibarra, Secretario de Coordinación de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, por acusar de azuzadores a los dirigentes indígenas de la amazonía peruana.
13.- Derogatoria de los Decretos Legislativos que son lesivos y afectan a los pueblos amazónicos, andinos y costeros.
14.- Respeto a la jurisdicción especial de las rondas campesinas, que está siendo obstaculizada por el gobierno y el poder judicial (alto a la persecución judicial).
15.- Rechazamos las versiones dadas por el Presidente del Consejo de Ministros, Velásquez Quesquén, quien pretende instalar una base militar en Carmen de la Frontera, lo que consideramos una provocación más a la población e imponer la explotación minera en la mencionada zona.
16.- Rechazamos la actitud de las “comisiones de investigación de los hechos de Bagua” que envía el gobierno, ya que todos los ofrecimientos se han politizado y no se está cumpliendo con los verdaderos objetivos para los cuales se crearon dichas comisiones especiales.
17.- Basta de proteger a jueces y fiscales corruptos, a funcionarios del gobierno que se coluden con los grandes poderes económicos y mafias corruptas y delincuenciales.
